Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos:

  1. Gobernarse por autoridades propias.

  2. Ejercer las competencias que les correspondan.

  3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

  4. Participar en las rentas nacionales.