Artículo 113.º

Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

Artículo 114.º

Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

Artículo 115.º

El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa. El Gobierno nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el ministro o director de departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno. Ningún acto del Presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de Jefe del Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el Ministro del ramo respectivo o por el Director del Departamento Administrativo correspondiente, quienes, por el mismo hecho, se hacen responsables. Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva.

Artículo 116.º

Modificado por el Acto Legislativo No. 03 de 2023, artículo 1°. El [inciso primero del] artículo 116 de la Constitución Política de Colombia quedará así:
La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar y la Jurisdicción Agraria y Rural. El órgano de cierre de la Jurisdicción Agraria y Rural será la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo de Estado en los términos del artículo 237 de la Constitución Política de Colombia. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones: De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la Fuerza Pública. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal Militar. Las demás funciones que le asigne la ley. El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) magistrados, cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República. Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

Parágrafo transitorio

El Tribunal de Garantías Penales empezará a ejercer funciones asignadas en este artículo, una vez entre en vigencia la ley estatutaria que lo reglamente. Inexequible C-740/2013.
La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General
de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia.
También lo hace la Justicia Penal Militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en
materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin
embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni
juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función
de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las
partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos
que determine la ley.

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo
el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá
las siguientes funciones:

De manera preferente, servir de juez de control de garantías en
cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra
miembros de la Fuerza Pública.

De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de
la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los
presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que
ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal
Militar.

Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) magistrados,
cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en
retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la
Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y
la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en
retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que
enviará el Presidente de la República.

Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser
magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el
mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su
selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del
Tribunal de Garantías Penales.

Parágrafo Transitorio El Tribunal de Garantías Penales empezará a
ejercer funciones asignadas en este artículo, una vez entre en
vigencia la ley estatutaria que lo reglamente. Inexequible C-740/2013.
La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de
la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También
lo hace la Justicia Penal Militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en
materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin
embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni
juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función
de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las
partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos
que determine la ley.

Créase un Tribunal de Garantías Penales que tendrá competencia en todo
el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá
las siguientes funciones:

1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en
cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra
miembros de la Fuerza Pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros
de la Fuerza Pública, con el fin de garantizar que se cumplan los
presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que
ocurran entre la Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Penal
Militar.

4. Las demás funciones que le asigne la ley.

El Tribunal de Garantías estará integrado por ocho (8) Magistrados,
cuatro (4) de los cuales serán miembros de la Fuerza Pública en
retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la
Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y
la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la Fuerza Pública en
retiro de este Tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que
enviará el Presidente de la República. Una ley estatutaria establecerá
los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de
candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de
organización y funcionamiento del Tribunal de Garantías Penales.

Parágrafo Transitorio.

El Tribunal de Garantías Penales empezará a ejercer las funciones
asignadas en este artículo, una vez entre en vigencia la ley
estatutaria que lo reglamente.

La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de
la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También
lo hace la Justicia Penal Militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en
materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin
embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni
juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función
de administrar justicia en la condición de jurados en las causas
criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las
partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos
que determine la ley.
La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de
Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de
la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran justicia.

También lo hace la justicia penal militar.

El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente, la ley puede atribuir función jurisdiccional en
materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin
embargo, no les será permitido adelantar la Instrucción de sumarios ni
juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos
transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición
de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para
proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine
la ley.

Artículo 117.º

El Ministerio Público y la Contraloría General de la República son órganos de control.

Artículo 118.º

El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.

Artículo 119.º

La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

Artículo 120.º

La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas.

Artículo 121.º

Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley.